La violencia intracarcelaria en el Centro de Detención Provisional Inca

Abstract

El Estado como garante de los derechos de las personas privadas de libertad, debe vigilar el sistema de rehabilitación. Esta obligación tiene varias aristas que rigen las garantías mínimas de las personas privadas de libertad en custodia del Estado. A fin de verificar el grado de satisfacción de los derechos de las personas privadas de libertad, se analiza la estructura del centro de privación de libertad CDP- Inca y cómo los privados de libertad en condición de hacinamiento, enfrentan condiciones de violencia, impidiendo su trato digno con apego a los derechos humanos y su rehabilitación. La violencia intracarcelaria constituye uno de los mayores problemas del sistema de rehabilitación social, se ha traducido en muertes, lesiones, desmedro de la integridad personal, así como una constante vulneración de los derechos de las PPL. La presente investigación muestra el deber ser y el ser del sistema que aún no ha llegado a una verdadera rehabilitación que refleje criterios mínimos de tratamiento en aplicación de principios y buenas prácticas convencionales y de normativa nacional; esto justificado con una investigación in situ, entrevistas y verificación como observadora participante de la realidad carcelaria en contraste con información de fuente documental. La convivencia y el complejo mundo de las relaciones entre internos en el CDPInca, ha llevado a una estratificación social dentro de la cárcel que se rige por normas distintas a las estatales, la subcultura carcelaria. La participación de las PPL en organizaciones especiales propias, denominadas naciones y la organización común del centro aceptada por todos sus miembros, manifiestan relaciones de poder en las que intervienen roles, figuras y espacios comunes con personajes como guías penitenciarios, caporal, secretario, pasador, así como con otros privados de libertad, quienes usan hasta el propio lenguaje como una representación del sistema, diseñado con reglas propias y códigos autoimpuestos, utilizando para controlar la dinámica de la cárcel diversas manifestaciones de violencia, generando pugnas por mantener espacios de poder, territorio y sumisión de los otros privados de libertad en los centros, las que impiden un normal y efectivo funcionamiento del sistema.