La capacidad coercitiva del Estado para el control de la pandemia del COVID-19 en el Ecuador de marzo a septiembre de 2020

Abstract

La Organización Mundial de la Salud anunció que el virus del SARS-CoV-2, mejor conocido como COVID-19, se convirtió en pandemia el 11 de marzo de 2020, y a partir de entonces, la mayoría de países del mundo tomaron acciones para combatirla. En el caso ecuatoriano, el Estado adoptó ciertas medidas con la finalidad de controlar la dispersión del virus y evitar que el sistema sanitario colapse por el elevado número de pacientes. Dentro de estas medidas figuran la suspensión de derechos de movilidad y de asociación, las ayudas económicas a personas pobres, la toma de muestras para detectar personas contagiadas, campañas comunicacionales educando sobre las medidas sanitarias para la prevención de contagio de la pandemia, entre otras. En vista de las varias capacidades estatales mostradas a través de las múltiples acciones ejecutadas, es necesario conocer cuál de todas condujo a un mejor resultado, a la hora de controlar los contagios causados por la pandemia. Por esta razón, el presente trabajo busca responder a la pregunta ¿en qué medida la capacidad coercitiva del Estado permitió el control de la pandemia COVID-19? y se enfoca en las acciones que reflejan la capacidad coercitiva del Estado ecuatoriano para el control del virus. Para esto se utiliza una regresión lineal múltiple que analiza si las acciones de la fuerza pública (Policía Nacional y Fuerzas Armadas) son estadísticamente significativas para el control de la pandemia, considerando también otro tipo de acciones estatales adoptadas. El estudio recoge, además, un análisis cualitativo-descriptivo de las noticias, documentos, resoluciones y bases de datos oficiales que se generaron durante el periodo en el cual se impuso el estado de excepción (15 de marzo al 15 de septiembre de 2020), así como entrevistas a actores que participaron de las medidas indicadas. Los resultados indican una correlación negativa (reducción de contagios) para las acciones coercitivas previas a la generación de aglomeraciones, y positiva (aumento de contagios) para aquellas que se toman con posterioridad a que las incivilidades se hayan producido. Se analizan, de igual forma, otras variables que reflejan la capacidad administrativa del Estado puesto que también mostraron resultados estadísticamente significativos.