Los medios de prueba de la obligación en el procedimiento monitorio

Abstract

Los medios de prueba de la obligación en el procedimiento monitorio constituyen un elemento primordial al momento de proponer la demanda, en este trabajo se planteó como objetivo central, determinar cuáles son los presupuestos indispensables que deben concurrir en los medios probatorios, para que sean aptos para dar inicio al procedimiento monitorio. Con el estudio se determinó la naturaleza jurídica del procedimiento monitorio, concluyendo en que se trata de un proceso mixto e hibrido; se identificó los casos específicos en los cuales los medios de prueba, podrían presentar inconvenientes para su valoración previa por parte del juez. Lo novedoso del procedimiento monitorio en nuestra legislación, fue en cierta forma un limitante, dada la falta de jurisprudencia nacional, sin embargo, en base a la jurisprudencia extranjera citada, se logró obtener conclusiones claras, pertinentes y aplicables a la realidad nacional. Se ha concluido con certeza que la sustanciación del procedimiento monitorio no vulnera el derecho a la defensa, a la contradicción ni a la tutela judicial efectiva de los litigantes, puesto que se trata de un procedimiento ágil y eficiente, incorporado a la legislación nacional por la necesidad de un proceso que permita incentivar la economía a través del cobro rápido de las obligaciones dinerarias de menor cuantía. La tesis se desarrolló bajo la perspectiva de una investigación jurídica, utilizándose el método exegético para encontrar el sentido literal de la normativa; una vez establecido el mismo, se investigó la finalidad de las normas procesales a través del método teleológico. Con los datos obtenidos se relacionó las normas con aquellas de países en donde el procedimiento monitorio se aplica anteriormente, lográndose encontrar sus bondades y dificultades. Finalmente se utilizó el método sistemático para concluir que el procedimiento monitorio regulado por el Código Orgánico General de Procesos, no vulnera ninguna garantía constitucional del debido proceso.