El rol de la Defensoría del Pueblo del Ecuador en la Administración Pública

Abstract

El presente trabajo describe y analiza el conflicto entre las competencias constitucionales, legales y de hecho, que afecta al ejercicio pleno de la misión y funciones jurídico administrativas de la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Esta institución, a diferencia del resto de la Administración Pública, se rige por las autorictas; es decir, se fundamenta únicamente en la imagen y prestigio de quien se desempeña como defensor del Pueblo; así como en la calidad, razonabilidad, pertinencia de sus pronunciamientos y actuación y no cuenta con poder coercitivo ni sancionador. Con ese objetivo, se realiza una reseña cronológica del desarrollo de la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, se identifica su rol como una entidad de control de la actividad de la Administración Pública desde una perspectiva de derechos. Además, se analizan las competencias constitucionales y legales y se describen los mecanismos, instrumentos y herramientas con las que cuenta para el ejercicio de sus atribuciones misionales. Mediante la profundización del análisis de la actividad administrativa que realiza esta entidad, se comprueba que esta se erige como un órgano auxiliar de la Función Judicial de carácter residual, pues actúa como un filtro que permite dar solución a reclamaciones por problemas cotidianos de las personas frente al ejercicio del poder del Estado; de este modo evita que los ciudadanos acudan a la justicia. Además, se analiza de manera ejemplificativa la indiscriminada utilización de los conceptos de dictamen e informe y su incidencia en la actividad misional, delimitando su uso como un mecanismo para fortalecer la eficacia del accionar defensorial. Finalmente, se examinan dos sentencias contradictorias emitidas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo sobre la naturaleza de la actividad administrativa de la Defensoría del Pueblo, para dejar sentado como precedente que las resoluciones de la actuación defensorial no constituyen actos administrativos.