Regulación ambiental y contratación pública en el Ecuador

Abstract

Uno de los problemas más graves del mundo contemporáneo es la degradación ambiental que amenaza con extinguir la vida en el planeta. Frente a semejante escenario, las naciones del mundo han desarrollado respuestas jurídicas que buscan enfrentar esta catástrofe y en ese sentido, el Ecuador con la Constitución que nos rige desde el 20 de octubre de 2008, ha dado un paso fundamental al consagrar en su texto un paradigma ambiental que debe aplicarse transversalmente en todas las actividades productivas que se desarrollen en el territorio nacional. El nuevo enfoque ecológico de la Constitución de la República se materializa a través de una amplia gama de derechos ambientales humanos subjetivos y colectivos y mediante la importante innovación que representa los derechos de la naturaleza, debiendo señalarse que tanto los derechos ambientales humanos, como los derechos de la naturaleza deben ser ejercidos dentro del marco del desarrollo sustentable, fórmula adoptada por el nuevo orden constitucional para establecer las relaciones entre economía y ambiente. En ese contexto, la contratación pública, pese a su significativa relevancia económica y social no cuenta con un marco jurídico específico que viabilice la concreción de los postulados ambientales constitucionales, lo que ha ocasionado que, aunque el Art. 288 de la Constitución de la República disponga expresamente que las compras públicas en el Ecuador se deben hacer con criterios de responsabilidad ambiental, dicho mandato sea ignorado en la práctica contractual diaria, con evidente perjuicio para la institucionalidad del país, vulnerando los derechos ambientales consagrados por la Constitución y en detrimento del modelo de desarrollo sustentable. La contratación pública en el Ecuador debe emprender rápidamente el camino de la sustentabilidad, pero para eso el primer y esencial paso es dotarla de un marco jurídico adecuado que introduzca la variable ambiental en todas las etapas de los procesos contractuales, generando así seguridad jurídica para el Estado y los contratistas, garantizando los derechos ambientales humanos y los derechos de la naturaleza, la institucionalidad del país y contribuyendo al fortalecimiento del modelo de desarrollo sustentable.