Soberanía alimentaria: principios constitucionales y política pública clave frente al cambio climático. Tensiones alrededor de su aplicación en el territorio, inequidad en el acceso a agua y tierra. Estudio de caso, parroquia de Quichinche, cantón Otavalo

Abstract

El sistema agroalimentario mundial actual ha provocado, entre otros problemas, la concentración de la tierra y agua en las manos de terratenientes, empresas agroindustriales u otras grandes entidades comerciales; además es responsable de generar entre el 21 y 37% del total de emisiones de GEI a nivel mundial. Mientras, los efectos del cambio climático son más adversos en las poblaciones más vulnerables que dependen de medios de subsistencia agrícola. Ante este escenario, la Soberanía Alimentaria es una propuesta política que se entiende como el derecho de los pueblos a controlar su sistema agroalimentario; en Ecuador constituye un sector estratégico para la aplicación de medidas de adaptación y mitigación del cambio climático, y, según la Constitución del año 2008, está concebida como un objetivo estratégico del Estado, responsable de promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra y agua. Los Planes Nacionales de Desarrollo en teoría buscaban la democratización de los medios de producción, no obstante, en la práctica hay claras contradicciones. A partir de 2013, se posiciona nuevamente un discurso productivista para la lucha contra la pobreza y se centra en el cambio de matriz productiva, lo que desplaza a la política de Soberanía Alimentaria, y se da paso al fortalecimiento de los agronegocios y la agroindustria, apoyado por la legislación secundaria. Las cifras indican que a nivel nacional hasta el año 2017, la concentración de la tierra y el agua en pocas manos no ha variado. Además, en el país las medidas de adaptación y mitigación vinculadas a la Soberanía Alimentaria principalmente han sido técnicas, locales y a nivel de proyectos específicos. En la parroquia de San José de Quichinche la agricultura es la rama de actividad más importante, principalmente para el autoconsumo y un porcentaje menor se destina a la venta. Sin embargo, las cifras analizadas indican que el agua y la tierra se mantiene concentrada en manos privadas, dificultando la producción de cultivos agroecológicos para el autoconsumo y la venta. La planificación territorial para la soberanía alimentaria y a través de los PDOT también se aleja de los preceptos constitucionales. En la parroquia no se han implementado medidas de cambio climático orientadas a la Soberanía Alimentaria, y los objetivos de cambio climático provinciales no se centran en el acceso a agua y tierra para reducir la vulnerabilidad de los productores a los efectos de un clima cambiante.