El presupuesto público para la protección del derecho a la salud: un análisis desde el Estado Constitucional ecuatoriano

Abstract

La presente investigación realiza un estudio que relaciona el tema de la protección del derecho a la salud con el presupuesto público en el Ecuador, respecto de la normativa constitucional. Esta investigación demuestra en forma amplia cómo el poder político ha dado forma a las leyes presupuestarias para que obedezcan a intereses cortoplacistas, que en definitiva han venido heredando un sistema de salud que aún presenta una serie de dificultades para superarlos, esto es por ejemplo, la visión multidimensional de la salud, que exige ver a las enfermedades más allá del cuerpo humano y el ámbito biológico sino también en su entorno y sus múltiples formas de reproducción social. La configuración del presupuesto en la norma constitucional, no tiene rango o fuerza de ley, pues su tratamiento queda relegado a ser tan sólo un instrumento de finanzas públicas, situación que además limita la capacidad jurídica de someter al presupuesto púbico al control constitucional. La salud si bien en la actualidad posee un desarrollo constitucional importante, no ha pasado de ser una aspiración social. Esta lucha sigue siendo un reto para los movimientos de salud, pues la realidad muestra, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, que en promedio no se ha alcanzado a llegar ni al 2.5 % en cuanto a gastos realizados en el sector salud, respecto del PIB del Estado. Queda demostrado además que la disposición constitucional transitoria del año 2008 respecto de llegar a un porcentaje del 4 % de inversión en salud respecto del PIB, no se ha cumplido. Según la exposición previa, el estudio realizado si bien demuestra las falencias jurídicas y la situación social actual de la salud, también aborda una mirada crítica respecto de nuevas formas de acción, que no sólo busca que el derecho vea al capital como única fuente de solución de problemas sociales como la salud, sino que también a través de la participación social y desde la perspectiva de la construcción del buen vivir, el derecho pueda contribuir a transformar realidades, adaptándolo a las formas de vida y saberes históricamente desarrollados que al ser introducidos en el ámbito jurídico, permiten verdaderos cambios en la lucha por el acceso al derecho a la salud.