Estándar probatorio en el delito de lavado de activos y su incidencia en el debido proceso respecto a la presunción de inocencia del procesado

Abstract

El presente estudio destaca la importancia del manejo técnico de la prueba indiciaria dentro de la investigación de lavado de activos, mediante el análisis doctrinario y práctico de la realidad actual del país respecto a la incorporación de este delito en la legislación como un tipo autónomo e independiente. A partir de aquello se devela la importancia de una institucionalidad preventiva cooperante con las entidades investigativas y de control antilavado, pero también se manifiesta la necesidad de equilibrar dicha política preventiva con la observancia de derechos y principios que parten del debido proceso. El análisis a través de textos académicos, artículos de prensa, instrumentos internacionales contra la delincuencia organizada, legislación nacional, entrevistas, legislación comparada y casuística, logró profundizar un enfoque real de los posibles obstáculos dentro de la investigación y las limitaciones a los derechos de los procesados. Los datos fundamentados en entrevistas fueron proporcionados por instituciones de prevención e investigación sobre lavado de activos, tales como: Unidad de Análisis Financiero y Económico y la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado, además de abogados expertos en el tema. La información basada en casos fue obtenida de las páginas web oficiales del sistema judicial. El análisis cualitativo basado principalmente en las entrevistas realizadas y estudio de casos, concluyó que en el Ecuador es indispensable desarrollar los criterios técnicos de investigación en la normativa penal, pues todavía se evidencian obstáculos investigativos, y falencias respecto al tratamiento de los derechos básicos del debido proceso, por esto es necesario fortalecer los niveles de capacitación en fiscales y juzgadores. Finalmente, las recomendaciones de esta investigación están dirigidas a fortalecer la lucha contra el lavado de activos, no desde el enfoque de un Derecho Penal Máximo, sino desde un Derecho Penal de Ultima Ratio, con el fin armonizar la eficacia del proceso investigativo, con el respeto que merecen las personas naturales y jurídicas procesadas en cuanto al debido proceso y el principio de presunción de inocencia.