La naturaleza jurídica de la actividad bancaria en el Ecuador

Abstract

El estudio de la nueva conceptualización de las actividades financieras como de orden público junto con el carácter mediato de protección de los derechos previsto en el régimen constitucional, ha sido el tópico que se ha estudiado en el presente trabajo. Se analiza las consecuencias que implica la categorización de orden público desde una doble dimensión, como mecanismo de regulación y por otro lado el de restrictivo y a la vez garante de las libertades individuales. Relevamos en nuestra investigación el papel proteccionista del concepto orden público que finalmente encuentra en la teoría de la eficacia de los derechos fundamentales entre particulares su base dogmática y en virtud de lo cual enfocamos nuestro análisis en los aspectos relacionados con la autonomía de la voluntad privada, las funciones de la industria bancaria, y los principios de rango constitucional que deben estar presentes en este tipo de intercambios económicos, tomando en cuenta que gracias a tales postulados es posible empezar a delimitar un contenido u objeto de dicho concepto jurídico. Dada la importancia que lleva implícita la actividad bancaria, no podíamos ser ajenos a los criterios que se han venido creando sobre considerarla como servicio público o como actividad privada de interés público, cuyos caracteres y características contribuyen a la formación del llamado objeto del orden público. Sin embargo, dado el escaso tratamiento normativo y doctrinario sobre el tema en general, el presente trabajo hace referencia al tratamiento que la Jurisprudencia constitucional colombiana ha desarrollado respecto a la actividad bancaria, la cual además de calificarla como servicio público, ha incluido a la solidaridad como principio rector de las relaciones entre banca y cliente, aspecto que hemos contextualizado desde nuestro estudio como un verdadero mecanismo de protección y en esa virtud fuente para la imposición de intercambios forzosos de intereses que junto a las nociones posmodernas del contrato permite su revisión judicial ante la presencia de circunstancias supervinientes e imprevistas que afectan al orden público bancario.