La tipificación administrativa en la legislación ecuatoriana: análisis del régimen disciplinario a los servidores públicos

Abstract

La administración pública se encuentra encaminada a la provisión de bienes y servicios a la población, con la finalidad de poder garantizar los derechos de las personas, para cuyo efecto esta debe obrar bajo estándares de eficiencia y eficacia, evitando la existencia de comportamientos contrarios al buen orden interno, sin embargo, esta representa una creación jurídica por lo que se nutre de las personas que laboran para ella a fin de materializar los elementos a los cuales se encuentra encaminada. En virtud de lo cual es necesario evitar que las personas que laboran bajo la misma incurran en conductas, tanto mediante acciones como omisiones, que resulten contrarias al ordenamiento jurídico, el cual establece los parámetros de debido desarrollo de las mismas, a fin de proteger tal relación el régimen disciplinario se propone mantener la debida disciplina y con ello el funcionar de la Administración, esto a través de la imposición de sanciones a quienes obren de forma contraria a la normativa legal aplicable. En este sentido el principio de tipificación fija los parámetros bajo los cuales deben estructurarse las conductas que resultan relevantes para el conocimiento del poder punitivo del Estado en materia del derecho penal. No obstante, tal principio ha trascendido al derecho administrativo, donde se persigue el establecimiento de las conductas que han de ser sometidas a conocimiento de la administración pública, diferenciándose entre ambos respecto al procedimiento aplicable y la pena imponible. Si bien ambas escuelas resultan diferentes en muchas connotaciones, guardan similitud en su esencia de imponer sanción o pena, por lo que la construcción del tipo en el campo administrativo debe guardar similitud con el campo penal, el cual se ha desarrollado en mayor medida, generando mayores esquemas de protección y realización de derechos, lo que a su vez provee un procedimiento que encierre en sí las garantías que en derecho son exigibles de manera previa a la imposición de una sanción.