Gobernanza de la gestión de riesgos de desastres en el Ecuador: desarrollo institucional y políticas públicas, en el período 2008-mayo 2022

Abstract

El riesgo de desastres permite observar una correlación directa entre los efectos negativos provocados por fenómenos, sean de origen natural o del ser humano y que interactúan con el medio y con las propuestas de desarrollo, que en la mayoría de los casos está relacionada con el crecimiento económico. Este paradigma contribuye de forma negativa al desarrollo de las capacidades y la reducción de las vulnerabilidades que se ven expresas en el crecimiento desordenado y aumento de la densidad poblacional sin los recursos necesarios para desarrollar una vida segura. El aumento de la vulnerabilidad es conceptual y práctica, la falta de políticas públicas locales y nacionales que promuevan otro tipo de desarrollo alejado de las condiciones desigualdad estructural expresada en el acceso económico y desarrollo social y que promueven la sobreexplotación y degradación del ambiente para garantizar el acelerado crecimiento económico. Se destaca que el Ecuador cuenta desde la Constitución con normas fundamentales para el desarrollo de la gestión de riesgos. El artículo 389 es la base fundamental. Determina la gestión de riesgos como un derecho y una obligación que cuenta con un ente rector a lo largo de los años se han ido gestando normas transversales o de competencia directa como los temas de planificación y ordenamiento territorial, pero hasta la fecha no existe una ley de gestión de riesgos lo que no permite una consolidación del ente rector y la gobernanza del riesgo de desastres. Es en relación con esta realidad, que el objetivo de esta investigación es determinar el ejercicio del ente rector y la construcción de la gobernanza de riesgos de desastres en el Ecuador, considerando los múltiples cambios de la institucionalidad de Gestión de Riesgos en el período 2008-mayo 2022, lo que ha significado, sin duda, un impacto del ejercicio de sus funciones y su capacidad operativa en el territorio. Se debe, además, considerar las variables presupuestarias las cuales están íntimamente relacionadas con el cambio de la institución, que desde la vigencia de la Constitución de 2008 ha cambiado alrededor de cuatro veces para poder ajustarse a lo que este instrumento jurídico determina y al ejercicio de competencias de cada uno de los niveles territoriales.