Límites a la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados: estudio de los GAD parroquiales rurales

Abstract

Esta investigación analiza los límites constituciones y legales a la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) de las parroquiales rurales. Los objetivos son estudiar la organización y la estructura de las juntas parroquiales rurales y analizar el marco normativo de la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados de las parroquias rurales. Este estudio se justifica en el hecho de que las parroquias rurales del Ecuador dependen para las obras y los servicios de dos niveles de gobierno, lo que contradice el principio de autonomía que se encuentra implícito en la denominación de GAD. Puesto que esta tesis plantea que la autonomía precisa de unas condiciones constituciones y legales que a los GAD rurales la Constitución y el COOTAD, como la norma suprema y el Código que norma el proceso de descentralización que crea a los GAD, no le otorgan, más bien incluyen su funcionamiento administrativo dentro de las competencias de los gobiernos autónomos provincial y cantonal. La investigación se llevó a cabo mediante una amplia revisión bibliográfica que estudió tanto a los autores que escribieron y escriben sobre los orígenes del Estado, las formas de gobierno, la mayoría de ellos antiguos, como a los autores modernos que tratan la descentralización como una forma de administración del Estado. También se acudió a la normativa que sobre los GAD existe en el Ecuador, la que parte de la Constitución de 2008, la que crea la denominación de gobiernos autónomos descentralizados, que incluye a las juntas parroquiales rurales. Se llega a la conclusión, después de haber realizado esta investigación, que las juntas parroquiales rurales, a pesar de su denominación de gobiernos autónomos descentralizados, no disfrutan de autonomía financiera y administrativa, al estar supeditadas sus necesidades bajo otros niveles de gobierno, razón por la que se propone la modificación de algunos artículos de la normativa existente para que puedan ejercer una auténtica autonomía como GAD y hacer una gestión más eficiente.