El derecho a la resistencia como límite a la criminalización de la protesta social: estudio de caso "Estudiantes del Colegio Central Técnico"

Abstract

El derecho a la resistencia es uno de los derechos fundamentales más importantes del ser humano. El constitucionalismo contemporáneo, al igual que la Constitución del Ecuador, establecen el derecho a la resistencia y lo definen como una de las pocas garantías constitucionales que las personas pueden ejercer sin la inmediación institucional del Estado, es decir, una garantía constitucional extrainstitucional. El objetivo de este tipo de garantías es la tutela directa de los derechos fundamentales por parte de sus propios titulares. Ahora bien, las coyunturas políticas, económicas y sociales y los conflictos humanos que estos provocan en algunas ocasiones, no pueden ser solucionados institucionalmente y las personas se ven en la necesidad de acudir a recursos extrainstitucionales (protesta social) para visibilizar sus necesidades y finalmente evitar la vulneración o el reconocimiento de un derecho que el Estado o un particular ha vulnerado o se resiste a reconocer. En este sentido, el derecho penal es utilizado como un instrumento de represión para solucionar el conflicto aplicando una sanción. Sin embargo, el derecho penal es un medio para reducir el poder punitivo del Estado que, aplicando la teoría del delito como sistema de garantías del ciudadano, permiten una aplicación racional de la sanción. El objetivo de este trabajo es justificar que el derecho a la resistencia es un derecho fundamental y una garantía extra-institucional para proteger los derechos esenciales del ser humano, pero también es un límite para la criminalización de la protesta social, pues una vez que de forma transversal se ha utilizado el saber de la ciencia penal para racionalizar el castigo de los actos de resistencia que se consideran como delito por la norma penal, la conclusión inevitable, tomando en consideración los fines del derecho penal, es que el ejercicio de los derechos fundamentales nunca podrán ser considerados como delitos, bajo pena de convertir el Estado de derecho en un sistema autoritario.