La potestad sancionadora de la administración pública en contratación pública

Abstract

La presente investigación se refiere a la potestad sancionadora, de la cual se encuentra envestida la Administración Pública, como el medio para que las personas que hacen parte de una sociedad tengan plena conciencia de que los actos que contravienen las disposiciones legales establecidas, son sancionados, más aún cuando aquellos actos ocasionan perjuicios al Estado, como el llamado a precautelar los intereses públicos, por ello en el ámbito de contratación pública la potestad sancionadora también se hace presente, por ello la importancia de identificar cómo el ordenamiento jurídico ecuatoriano y la doctrina la abordan. El Ecuador con la promulgación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, concentra en una sola norma las disposiciones que tanto las entidades públicas como los proveedores, oferentes o contratistas deben observar durante los procesos y procedimientos de contratación para la ejecución de obras, adquisición de bienes y provisión de servicios, incluidos los de consultoría, de ello que la potestad sancionadora será extensiva a los proveedores y servidores públicos encargados y obligados aplicar las normas que rigen la contratación pública en el Ecuador. Es importante considerar que nuestra legislación es cuantiosa en lo que se refiere a lineamientos que las entidades contratantes deben aplicar en cuanto a planificación, transparencia y políticas públicas, pues en ellas se establecen los objetivos o caminos a seguir para hacer del Ecuador un país próspero en salud, educación, etc., lo que haría pensar que el ejercicio diario de la contratación pública, no es más que la materialización de aquellas disposiciones normativas y a través de su debido cumplimiento, el Estado ecuatoriano debería brindar desde todos sus niveles de gobierno, servicios públicos y en general, condiciones óptimas para el desarrollo de cada uno de sus habitantes, sin embargo ello nos insta a que deban existir sanciones para aquellos que por sus acciones y omisiones menoscaban esa finalidad del Estado. Bajo estos criterios se pretende principalmente conocer cuáles son las infracciones, sanciones aplicables y organismos públicos que ostentan la potestad sancionadora en contratación pública.