El derecho constitucional a la resistencia: una mirada desde la defensa de los derechos fundamentales y el pluralismo jurídico. El caso ecuatoriano en octubre de 2019

Abstract

Este trabajo parte de la problemática del reconocimiento estatal por el ejercicio del derecho constitucional a la resistencia concebido como un mecanismo de vigilancia y participación en democracia dialógica. Inicia con una investigación del derecho de resistencia, sus escenarios, sujetos intervinientes, así como su concepción desde el marco de una democracia constitucional y su desarrollo en la Constitución de 2008. Así también, un estudio de los elementos mínimos a considerarse para su ejercicio, con empleo de la técnica de desagregación de los derechos para establecer sus límites y alcances. Se analiza las obligaciones de garantía, protección y respeto del Estado en contextos de resistencia con especial énfasis en escenarios de protesta social y la prohibición de estigmatización o discriminación. Todo esto permitirá profundizar el tema abordado desde una perspectiva intercultural de protección, respecto, y garantía de derechos conexos de libertad tales como la reunión pacífica, la libertad de expresión y asociación, implícitos en el ejercicio del derecho a ejercer resistencia en contextos de protesta social a la luz del Informe OEA/Ser.L/V/II-CIDH/RELE/INF.22/19 sobre la Protesta y Derechos Humanos; así también la Opinión Consultiva OC-9/87 de 06 de octubre de 1987 emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que trató sobre las Garantías Judiciales en estados de emergencia; como además la Observación General n.° 29 que da tratamiento al artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el caso Zambrano Vélez y otros en contra del Ecuador, y demás instrumentos internacionales pertinentes al presente estudio. También a manera de estudio comparativo se toma en consideración los argumentos en los dictámenes emitidos por la Corte Constitucional ecuatoriana en cuanto a la constitucionalidad de los decretos de estado de excepción. Para finalmente, proponer unas solución de la participación activa e intercambio de ideas con los diversos sectores de la sociedad, proveyéndose el diálogo intercultural permanente entre organizaciones indígenas y el Estado, superando la violencia estructural que viven los pueblos indígenas.