La determinación de las responsabilidades administrativas como consecuencia del control gubernamental

Abstract

El presente trabajo investigativo se centra en estudiar y evidenciar cuales son los efectos y consecuencias jurídicos ocasionados por la conducta omisiva de la Contraloría General del Estado en la determinación de responsabilidades. Los objetivos de la presente investigación son: Establecer que el control debe ser tan fuerte como el poder para encontrar el equilibrio social, señalar los procesos evolutivos del control gubernamental en el Ecuador, analizar la teoría de la responsabilidad y su tipología y demostrar que en el proceso de determinación de la responsabilidad administrativa no opera la denegación tácita, luego de estudiar las figuras jurídicas de la caducidad, la competencia y el silencio administrativo. La gran limitación de la presente investigación es la imposibilidad de obtener información en la Contraloría y Auditorías Internas, con el argumento de reserva de la información. Este trabajo encuentra plena justificación porque hace evidente que el ejercicio del control también es controlable, a partir del control jurisdiccional, que busca evitar abusos y proteger los derechos de los administrados. La investigación se desarrolló sobre la base de la teoría del poder y del control administrativo del Estado, así como desde la teoría del acto administrativo y de las responsabilidades. Los métodos utilizados fueron el dogmático, hermenéutico y analítico, y las técnicas la documental y entrevistas, así como la nueva teoría de la caducidad sobre el derecho y garantía a la igualdad que se resume a que la misma tiene su origen tanto en la falta de acción de la administración como del administrado. Al final se tiene como resultado un aporte para la Sociedad ecuatoriana en torno al fenómeno jurídico del silencio administrativo positivo en la determinación de responsabilidades administrativas, concluyendo que la falta de acción de la Contraloría provoca la caducidad y la pérdida de su competencia para pronunciarse, produciéndose el silencio administrativo positivo. Si se pronuncia fuera del término de ley, se provoca la nulidad de pleno derecho. En consecuencia, es recomendable, que la Contraloría se pronuncie dentro del tiempo establecido en la ley, pues no es posible que someta a los auditados a procesos administrativos interminables cargados de incertidumbre y sufrimiento; y, que los auditados exijan ante las Autoridades Administrativas y Judiciales la vigencia de sus derechos subjetivos.