La violación de derechos en la crisis bancaria de 1999 en Ecuador y el derecho a la verdad

Abstract

La presente investigación estudia las crisis bancarias como un problema constitucional, especialmente aquellas que, al ser mal administradas por el Estado, causan inequidad, violación de derechos constitucionales y, ante la falta de sanciones a los responsables, impunidad. Frente a los problemas jurídicos que se desprenden de las crisis bancarias de grandes magnitudes, se plantea la aplicación del derecho a la verdad. Este trabajo es de tipo cualitativo, empírico y de aplicación, centra su análisis en la crisis bancaria del Ecuador de 1999 y llega a determinar que las acciones y omisiones del Estado, al enfrentarse al proceso de crisis, provocan inequidad económica y violaciones graves, masivas y sistemáticas a los derechos constitucionales. Las doctrinas que soportan el fundamento teórico de esta investigación son las que se desprenden de la Constitución económica, los derechos constitucionales y su relación con las crisis bancarias. En cuanto al estudio de casos, se revisan las medidas de política económica y judicial que se dictaron para salir de esos momentos de dificultad y se identifican los efectos de las medidas en la distribución de la riqueza y los derechos de las personas. La tesis cuestiona el salvataje bancario, el trato económico desigual, la falta de reconocimiento de la crisis como un acto que afectó gravemente la dignidad de las personas, la impunidad de los responsables de las violaciones masivas y sistemáticas de derechos y el discurso que sostiene que la crisis ecuatoriana fue causada exclusivamente por factores externos al sistema financiero. El aporte de la investigación consiste en establecer parámetros constitucionales e interpretativos en materia económica para garantizar la efectividad de la Norma Suprema frente a las crisis bancarias e impedir que estas, en el futuro, se impongan al Código Político. Igualmente, propone la aplicación del derecho a la verdad como un mecanismo para que las víctimas puedan acceder a la información relativa a las violaciones de sus derechos constitucionales, con el fin de que se establezcan los daños causados por las crisis económico-financieras y se construya una memoria histórica como un medio efectivo de reconciliación entre los perjudicados con el Estado y el sistema financiero nacional.