Las resoluciones de destitución de la Contraloría General del Estado y su impugnación, más allá de la mera legalidad

Abstract

En el marco del control de la actividad administrativa del Estado, esta investigación analiza a la actividad contralora estatal ecuatoriana ejercida por la Contraloría General del Estado (en adelante, CGE) y sus atribuciones legales. La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, como fuente de las atribuciones conferidas a la CGE, otorga la potestad sancionadora a este organismo. Sin embargo, el elemento primordial de esta potestad es el principio de legalidad, traducido a breves rasgos como una garantía ciudadana de contar con un debido procedimiento administrativo que garantice la objetividad y mayor certeza del criterio al que arriba la administración al momento de imponer una sanción. El hecho de que la ley queda corta al momento de prever con claridad las hipótesis normativas para el procedimiento de ejecución de sanciones, deja un escollo para que la administración y los ciudadanos sostengan tesis perfectamente contrapuestas, e inclusive, de entrar en un mecanismo de persecución política. Este estudio pretende analizar a la sanción de destitución desde su origen doctrinario y determinar si la misma, al ser impuesta a un funcionario de elección popular, que cuenta con otros mecanismos de control principalmente políticos y que ha sido designado en su cargo mediante el sufragio popular, es factible ejecutarla por medio de un órgano externo como es la CGE. Para el desarrollo del presente trabajo, se ha utilizado la investigación-acción como método de análisis documental con enfoque teórico para el procesamiento de información. Al respecto, se concluye esta investigación con una propuesta para reforzar la seguridad jurídica al procedimiento de ejecución de la sanción de destitución contra autoridades de elección popular, a fin de evitar vacíos legales o discrecionalidades que podrían ser utilizados como mecanismos de persecución política.