Acción de y por incumplimiento un estudio desde la jurisprudencia en el Ecuador

Abstract

La Constitución ecuatoriana como norma garantista ha permitido avanzar en el reconocimiento y desarrollo de la protección eficaz de los derechos constitucionales. Para esto se instituyó las garantías constitucionales que son de diferentes tipos como: normativas, políticas públicas y jurisdiccionales. Entre las garantías jurisdiccionales se encuentra la acción por incumplimiento mientras que la acción de incumplimiento se la reconoce como una atribución de la Corte Constitucional. El objetivo de la acción de incumplimiento es el cumplimiento integral de una sentencia o dictámenes constitucionales definitivos y ejecutoriados para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. En tanto que la acción por incumplimiento su objetivo es garantizar la aplicación y cumplimiento del sistema jurídico y de las sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible como el derecho a la seguridad jurídica. Lo que da como resultado cumplir con la eficacia de la Constitución. Consecuentemente si estas acciones no son cumplidas en debida forma se activa estas garantías jurisdiccionales que son plenamente justiciables y vinculan directamente a la función judicial como a la justicia constitucional, como principales protectores de los derechos quienes tienen el deber de cumplir y hacer cumplir con los mandatos que prescribe la Constitución a quienes sean los obligados por las acciones que pueden ser el Estado mediante su administración pública o personas particulares. En este marco visualizaremos la naturaleza jurídica, objeto y finalidad como también la eficacia de estas dos acciones, mediante el análisis de sentencias seleccionadas dictadas por la Corte Constitucional de Ecuador periodo 2008-2013 que en su momento se constituyeron en una inquietud académica, social y política. De la misma manera un estudio cuantitativo de las decisiones asumidas en las dos acciones por la Corte Constitucional periodo 2008-2015. En este contexto podemos distinguir si mediante las diferentes fuentes del derecho se ha obtenido el alcance para las que fueron instituidas y en qué medida cumplen su rol como garantías jurisdiccionales.