Directrices generales de actuación para la tutela judicial efectiva en casos de violencia basada en género en materia penal

Abstract

En 1995, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer desarrollada en Beijing, los Estados —incluido el Estado ecuatoriano— se comprometieron a emprender acciones para lograr avances en el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres; la igualdad de género; y, el empoderamiento de las mujeres, a través de estrategias de transversalización de la perspectiva o enfoque de género en 12 esferas que consideraron de especial preocupación, entre las que se encuentra la violencia contra la mujer. Casi 30 años después, los objetivos plasmados en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing no se han concretado en Ecuador. Se han realizado esfuerzos normativos e institucionales que no han sido suficientes para alcanzar la igualdad de género y poner fin a todas las formas de violencia en contra de mujeres y niñas. Ecuador está lejos de ser un Estado constitucional de derechos y justicia para las mujeres, y muestra de ello son los datos que indican que una mujer es víctima de femicidio cada 23 horas en el país; y que, 65 de cada 100 mujeres han vivido alguna forma de violencia. Esto sin dejar de considerar que detrás de estos números, cifras y datos, existen víctimas, directas e indirectas, cuyos proyectos de vida han sido impactados negativamente producto de la violencia machista. El Código Orgánico Integral Penal (COIP), con aciertos y desaciertos, ha tipificado conductas que ha considerado lesionan bienes jurídicos protegidos y constituyen tipos de violencia en contra de mujeres y niñas. Sin embargo, aún existen retos para contar con una verdadera justicia penal con enfoque de género, y más aún, para lograr la tutela judicial efectiva en estos casos. El presente producto profesional pretende brindar directrices desde el derecho penal —con enfoque de género— para orientar el accionar estatal en los casos de violencia de género tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, promoviendo así una justicia penal con enfoque de género y la tutela judicial efectiva a las sobrevivientes.