La responsabilidad contractual del Estado y el rompimiento del equilibrio económico en los contratos de ejecución de obra

Abstract

Esta tesis estudia la situación de los contratos de particulares con el Estado, parte de las dos posiciones que existen en la relación contratante-contratista, una estará bajo principios de derecho público como es el de la prevalencia del interés general sobre el particular, y la otra bajo el principio de igualdad de las partes que, fundamentalmente, rige al derecho privado. Diversos factores han hecho que los contratistas padezcan inseguridad jurídica en los contratos administrativos, pues frente a un Estado que ostenta poderes omnímodos, este acude el principio de mutabilidad aplicable a los contratos de la Administración, lo que significa que esta se encuentra facultada para producir cambios que resulten necesarios en función del bien público; es decir, durante la ejecución contractual se podrán generar actos, hechos o conductas que el contratista no previó al momento de la suscripción del contrato. El denominado ius variandi y el hecho del príncipe son conceptos que llevarán a definir aquella potestad que tiene el Estado de modificar las reglas de juego; sin embargo, los cambios que se logran en el contrato administrativo deben llevar a sostener la obligación que tiene la Administración de restablecer el equilibrio económico del contrato de manera íntegra. No obstante, esto no puede ser posible si en el proceso precontractual y contractual no se establecen reglas y procedimientos claros de los que tanto oferente como contratista puedan hacer uso; es así que en los mecanismos que deberá utilizar la administración para restablecer el equilibrio económico están las potestades discrecionales, la inalterabilidad de las condiciones tanto precontractuales como contractuales, eliminación de la renuncia al reajuste de precios, que queda a discreción de la administración, cláusulas de renegociación e instrumentos de reclamación directa para que la administración reconozca el perjuicio económico. Todas aquellas modificaciones que alteran lo inicialmente pactado deberán ser resarcidas económicamente por la Administración.