El derecho humano de los servidores públicos ecuatorianos a recibir una remuneración justa y equitativa, en el contexto de las medidas de austeridad 2016-2020

Abstract

El servicio público es toda actividad que realiza la administración pública para satisfacer las necesidades de las personas. Las instituciones que prestan los servicios públicos están sujetas a un régimen jurídico especial y al control de la autoridad competente. Las crisis económicas producen austeridad fiscal, éste fenómeno se materializa en recortes presupuestarios, sin embargo, es deber del Estado, advertir la llegada de esta etapa económica y generar garantías para la prestación de los servicios públicos, y el respeto y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales. Esta investigación observa el deber del Estado en relación al cumplimiento de la garantía, respeto, promoción y no regresión del derecho humano al trabajo y a recibir una remuneración justa, equitativa y satisfactoria de los servidores públicos ecuatorianos en el contexto de la crisis económica en la que ha vivido el Ecuador en el periodo 2016- 2020, considerando además cómo la pandemia del covid-19 agravó el goce y disfrute del derecho aludido. El marco conceptual y contextual, contrastados con las entrevistas realizadas para esta investigación, permitieron visibilizar cómo un Decreto Ejecutivo inició un proceso de austeridad y recorte presupuestario en el sector público. A través del estudio de caso en el Consejo de la Judicatura, se logra entrever cómo la institución pública, usando su poder y aparataje, crea una resolución para legitimar jurídicamente la vulneración del derecho humano al trabajo de los servidores judiciales, ya que sus actos no garantizan la remuneración justa y equitativa. En base a estas consideraciones, se analiza el marco de protección nacional e internacional y la activación de garantías institucionales, extrainstitucionales, jurisdiccionales y de otros tipos, que en un proceso de exigibilidad de derechos busca garantizar el pleno ejercicio y disfrute del derecho trasgredido. La descripción del proceso de exigibilidad se desenvuelve entre la teoría y la práctica, pues la redacción de esta investigación se la realizó conforme el avance de la activación de las diferentes garantías descritas en el Capítulo III. El texto enmarca las relaciones de poder existentes entre los servidores públicos, ahora sujetos de derechos y la institución trasgresora, sus sentires, deseos y repercusiones.