Irrespeto a los derechos y garantías en la (in)justicia penal juvenil. ¿De qué manera sigue vigente la doctrina de situación irregular?

Abstract

Para el juzgamiento a adolescentes existía la doctrina de situación irregular en la que los menores eran observados como objetos de represión y objetos de compasión aplicando un sistema judicial tutelar cuando de ellos se desprendía una determinada situación de peligro. Posteriormente, entra en vigencia la Convención sobre los Derechos del Niño y con ella la doctrina de protección integral que busca que las niñas, niños y adolescentes sean tratados como verdaderos sujetos de derechos. La presente investigación examina la práctica judicial con respecto al juzgamiento a adolescentes en conflicto con la ley para determinar si se ha dado el salto garantista hacia la doctrina de protección integral o si por el contrario, todavía existen rezagos de la doctrina de situación irregular. Para el efecto, se desarrolló una investigación cualitativa, mediante una observación participante en diligencias y audiencias que se llevaron a cabo en los años 2016, 2017 y 2018 en la Unidad Judicial de Adolescentes Infractores de Quito. Además, se realizó un análisis documental de providencias y expedientes fiscales y judiciales de la Unidad Judicial de Adolescentes Infractores de Quito, así como, de manera complementaria se examinó documentación de otras ciudades, en ambos casos, entre los años 2015, 2016, 2017 y 2018. Los resultados de este estudio revelan que en la administración de justicia no existe una correcta aplicación de la doctrina de protección integral, es decir, ha existido una adecuación formal pero no sustancial. Las y los operadores de justicia en el juzgamiento a adolescentes en conflicto con la ley vulneran derechos y garantías como la legalidad, igualdad y no discriminación, juez natural, especialización, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad. Por tanto, las y los adolescentes no reciben un juzgamiento especializado, mostrando así, una resistencia a un sistema garantista que la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos han establecido, lo que evidencia que no existe mayor diferencia en el trato que recibieron los menores en la doctrina de situación irregular con respecto a las y los adolescentes de hoy en día, a pesar de la vigencia de la doctrina de protección integral.