Análisis contemporáneo de la carga de la prueba en el proceso contencioso administrativo ecuatoriano

Abstract

El Proceso Contencioso Administrativo en el Ecuador, de acuerdo a lo establecido por el Código Orgánico General de Procesos, se tramita bajo las reglas del procedimiento ordinario, con excepción del pago por consignación que se sustancia en procedimiento sumario. Es obligatorio para todos los sujetos procesales que intervienen en el litigio, observar las reglas establecidas de práctica probatoria para los procesos de conocimiento dentro de las cuales están el anuncio, admisión, práctica y valoración de la prueba. En la tramitación del Proceso Contencioso Administrativo se presentan particularidades especiales que se manifiestan tanto en su contenido como en los presupuestos procesales. Entre estos sucesos tenemos como en la mayoría de procesos de conocimiento que es obligación de las partes por disposición del principio dispositivo aportar con los medios de prueba que sustentaran su pretensión, partiendo de la premisa que quien alega un derecho es quien tiene la carga de la prueba de los hechos o afirmaciones realizadas. Así también se debe decir que la prueba se convierte en una institución fundamental para la tramitación del litigio y que en el ámbito del contencioso administrativo adquiere gran importancia la prueba documental y pericial por el predominio del sistema escrito. En muchas ocasiones cuando el administrado activa la función jurisdiccional en pro de tutelar sus derechos vulnerados se encuentra con la difícil tarea de acompañar al acto de proposición con los medios probatorios que disponga para sustentar su pretensión y estos al estar en custodia de la administración pública se pone de plano en desventaja para competir con igualdad de armas durante el desarrollo del trámite judicial, lo que en algunas ocasiones vulnera en algunos casos sus derechos fundamentales como el debido proceso, la garantía del derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica.