La -des-igualdad en la política penal de la Revolución Bolivariana: tensiones internas de una apuesta emancipatoria

Abstract

Esta investigación pretende determinar en qué medida los discursos (jurídicos y políticos) en torno a la política penal, de actores institucionales claves, durante el gobierno de la Revolución Bolivariana, apuntan a reproducir o a transformar la desigualdad y la discriminación en Venezuela. El primer capítulo tiene como objetivo describir los contenidos y obligaciones estatales del derecho a la igualdad y no discriminación, vinculados con la política penal, presentes en los instrumentos y doctrina progresiva de derechos humanos. El segundo capítulo pretende identificar y analizar si las restricciones realizadas al juzgamiento en libertad y a las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, junto con los discursos que las acompañaron, constituyen una diferenciación legítima o se trata de una diferenciación que reproduce la criminalización contra los pobres. Luego, se analizan los efectos que han tenido estas medidas en el reconocimiento, goce y ejercicio de otros derechos a las personas pobres. El marco conceptual de la investigación se nutre de instrumentos de derechos humanos, doctrina progresiva de organismos convencionales y aportes teóricos de académicos del pensamiento crítico criminológico. La hipótesis de la que parte esta investigación es que a pesar de la orientación constitucional de la política penal hacia la libertad, y del discurso favorable de actores institucionales claves hacia esos mecanismos, los cambios realizados al juzgamiento en libertad y a las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena restringieron en contra de las personas pobres esta orientación, y estas restricciones, a su vez, han tenido efectos negativos en el reconocimiento, goce y ejercicio de otros derechos para las personas pobres, como la vida, la integridad personal, y la posibilidad de ascenso social. Para transformar las condiciones estructurales existentes que determinan las desigualdades de la población pobre respecto a la política penal, el Estado debe adoptar medidas de acción afirmativa para transformar las condiciones que generan y perpetúan la discriminación contra los pobres en la política penal, y que dificultan el goce y ejercicio efectivo de sus derechos.