Bolivia entre la Comunidad Andina y el MERCOSUR: Situación comercial e implicancias jurídicas

Abstract

La presente investigación permite determinar la pertinencia jurídica del Estado Plurinacional de Bolivia de pertenecer a dos procesos de integración económica, y sus implicancias jurídicas; ello a partir del inicio de su trámite de adhesión al MERCOSUR como Estado parte, manteniendo subsistente su intención de pertenecer en la Comunidad Andina como país miembro. Así como identificar las tendencias de la balanza comercial de Bolivia derivadas del relacionamiento comercial con ambos bloques económicos, a fin de vislumbrar la incidencia en su economía y sus proyecciones comerciales. De las conclusiones más resaltantes de la investigación, se establece que: 1) En teoría ambos mercados son importantes para la exportación de los productos bolivianos, pues ya se encuentran liberados arancelariamente. Aunque en la realidad se destaca que, el mercado de la Comunidad Andina, es complementario para el mercado boliviano, sobre todo en el sector agroindustrial y los países miembros de este esquema de integración resultan ser los mercados de mayor exportación de este país. Asimismo, el MERCOSUR, si bien le genera importantes ingresos por la exportación de gas natural, sin la exportación de este producto los saldos de la balanza comercial son deficitarios, además de ser un mercado competitivo y asimétrico. Es evidente que las asimetrías en el MERCOSUR son muy grandes y una economía pequeña como la boliviana, estaría en desigualdad de condiciones frente a sus futuros socios, que tienen mayor capacidad tecnológica, infraestructura, y que bien podrían inundar el mercado nacional con sus productos. 2) La imposibilidad jurídica de pertenecer simultáneamente a dos procesos de integración económica, que en el diseño inserto en su derecho originario, establecen un modelo de integración que comprende una Unión aduanera; lo cual no significa que representen compromisos rígidos para los países miembros, por cuanto podrían reformularse siguiendo los cauces normativos e institucionales y respetando las condiciones de validez formal y material de su sistema normativo, por cuanto los Estados gozan de la potestad que le atribuye su soberanía de definir en esta instancia el ejercicio de competencias.