La constitucionalización del derecho administrativo. Del principio de legalidad formal al principio de legalidad material

Abstract

En el presente trabajo de investigación se propone vislumbrar el alcance de la obligación de los órganos con potestad normativa de adecuar formal y materialmente sus normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución, conforme lo establece el artículo 84 de la Constitución del Ecuador. En ese orden, analiza la evolución del proceso de constitucionalización del Derecho Administrativo con acento en el Ecuador, lo que implica profundizar respecto de los cambios conceptuales del Estado de legalidad y el Estado constitucional de derechos y justicia. Paralelamente, se explica a cerca del principio de legalidad como base fundamental del obrar de la Administración Pública y la salvaguarda de la Constitución. Correlativamente al aproximarse al principio de legalidad y el principio de aplicación directa de la Constitución es necesario profundizar en la compresión de la adecuación formal y material de acuerdo a lo determinado en la Carta Magna. Bajo el contexto de los nuevos paradigmas constitucionales, se propone tener presente al principio de interpretación integral de la Constitución en el sentido de que las normas sean entendidas de manera conjunta y no aisladas, de manera que se garantice la efectividad de todo el texto constitucional, lo que es coherente con el artículo 11 de la Norma Primera que dispone que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Bajo este contexto, se analiza dos sentencias constitucionales: acción de protección y acción de inconstitucionalidad. En resumen, este trabajo académico se enfoca en delimitar la obligación de que los administradores públicos adecuen formal y materialmente el ejercicio de su potestad normativa a los derechos de la Constitución, terreno que viene demarcado por la observancia de los principios de legalidad, jerarquía normativa e interpretación exclusiva de la Constitución por parte de la Corte Constitucional.