Exigibilidad judicial de los derechos sociales

Abstract

Uno de los desafíos más apremiantes para la comunidad de juristas, activistas sociales, politólogos, abogados litigantes, gestores de política pública, teóricos de la democracia y, en general, todas aquellas personas interesadas en aterrizar las teorías contemporáneas de los derechos humanos a la praxis, es el lograr que la aplicación judicial de los derechos económicos, sociales y culturales favorezca, de hecho, a las capas de la población más pobre y necesitada. Contrario a lo que sostiene la amplia literatura académica escrita al respecto, estudios empíricos como los desarrollados por el constitucionalista David Landau vienen a confirmar que la realidad ha caminado más bien en el sentido opuesto: en la mayoría de los casos, la aplicación judicial de los derechos económicos, sociales y culturales ha beneficiado a las clases medias y altas, y no necesariamente a los más pobres. Desde la constatación de esta realidad, el propósito de este trabajo pretende demostrar que el específico diseño institucional consagrado en la Constitución de Ecuador podría revertir el status quo, a través del funcionamiento de una defensoría pública con capacidad para demandar en juicio la provisión de los mínimos vitales. Si el modelo ecuatoriano funcionara de manera óptima, la aplicación judicial de estos derechos no se vería limitado por barreras de carácter cultural y económico que son las que limitan su ejercicio en favor de los más desposeídos. La defensoría pública ecuatoriana, a diferencia de lo que ocurre con otras agencias de este tipo en América Latina, no se encuentra adscrita al poder ejecutivo y tampoco limita sus actuaciones al patrocinio de procesos penales. Concretamente, la unidad de litigio estratégico de esta entidad tiene como objetivo general "seleccionar, analizar y litigar casos… con el fin de promover cambios y transformaciones estructurales en el sistema jurídico-político a nivel local, regional y mundial, sin perjuicio de los intereses individuales y colectivos de las partes en un proceso jurisdiccional y/o administrativo", ponderando la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales de los grupos más desaventajados, a través de estrategias de aplicación estructural y mandatos negativos.