La colusión en la contratación pública en el Ecuador

Abstract

La presente tesis estudia la colusión en la contratación pública a partir de la promulgación de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado. En el primer capítulo se realiza una breve reseña histórica de la normas de competencia, mismo que sin entrar en un análisis exhaustivo, permitirá al lector conocer las razones de su nacimiento en los Estados Unidos de América, país pionero en su formulación, así como su posterior adopción en la Comunidad Andina y finalmente Ecuador.Posteriormente se realiza un repaso de los conceptos principales dentro del Derecho de la Competencia considerando doctrina y jurisprudencia internacional y una introducción respecto de la relación entre competencia, mercado eficiente y consumidor. En el segundo capítulo se aborda la colusión en la contratación pública, planteando en primer lugar una definición para posteriormente establecer similitudes y diferencias con la corrupción. Se desarrollan las modalidades más comunes de manipulación en las licitaciones, así como los principales aspectos que fomentan la colusión en los procesos de contratación pública, finalmente se realiza un análisis sobre la legislación ecuatoriana respecto de la colusión En el tercer capítulo se detallan los pasos para identificar colusión en la contratación pública en el Ecuador en concordancia con la normativa vigente, Se analiza la posibilidad de implementar medidas preventivas y correctivas, con la finalidad de evitar la concreción de prácticas anticompetitivas; así como un repaso de las sanciones y de las prácticas exentas o regla de minimis.Finalmente se hace referencia a los elementos que permiten reducir las probabilidades de colusión y recomendaciones. El análisis que se realiza durante todo el documento, incluye una visión de cómo los acuerdos o pactos colusorios afectan negativamente, no solo la gestión de la Administración en el uso de los recursos públicos, sino también lesionan a la competencia en los mercados de los bienes y servicios licitados, causando daños tanto a los competidores como al consumidor final, pues al afectar la competencia en el mercado; aumentan los precios y baja la cantidad y calidad de productos, pero también como ciudadanos contribuyentes, al generarse un mayor coste en la contratación pública.