El acceso a medicamentos como parte del derecho a la salud en el Ecuador

Abstract

En el artículo 363 de nuestra Constitución, se señala la premisa constitucional referente a la primacía del derecho a la salud sobre los intereses económicos y comerciales, por lo que en el presente trabajo de investigación se analizó la practica real de este contenido, enfocándose en analizar convenios internacionales, normas infra constitucionales y doctrina, con la finalidad de evidenciar su aplicación y coherencia con las necesidades de la población, y sí este esquema jurídico tutela este derecho. Los métodos de investigación empleados en el trabajo de investigación fueron el dogmático formal y el histórico; el primero, por cuanto se hizo una revisión crítica de la normativa y jurisprudencia más relevante sobre derecho a la salud y acceso a medicamentos en el país, el segundo, se revisaron dos experiencias previas de uso de una de las modalidades de compra pública, así como de la empresa pública farmacéutica, como mecanismos de acceso a los medicamentos, para tomarlas como posible solución a la falta de acceso que se vive en realidad ecuatoriana; para ambos métodos se usó la técnica de análisis documental, a través de la generación de fichas, en las que se extractó la información de medios escritos, en especial de doctrina relacionada con la investigación. Como resultado de este trabajo de investigación se concluyó que los principales problemas es la falta de regulación a la industria farmacéutica lo que ha provocado que se fijen precios, se usen patentes y se controle el mercado de acuerdo a los intereses de está industria, perjudicando así a los derechos de la salud y de acceso a medicamentos de nuestra población, considerando también que existen normas infra constitucionales débiles, sin eficacia jurídica, dispersas y desactualizadas; siendo también importante que se agrupe y actualice la normativa infra constitucional, que puedan mejorar el efecto horizontal sobre este derecho; se determinó por último la importancia de la inversión en el sector salud, y la necesidad de enfocar políticas públicas hacia una salud preventiva, sin dejar de lado que se fortalezca la regulación de precios y comercialización de los medicamentos, por medio de la estructura estatal ya existente.